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Luisa González es detenida mientras avanza una investigación sobre el financiamiento de su campaña
La excandidata presidencial enfrenta una investigación de 90 días por presunto financiamiento ilícito de su campaña de 2023 y rechaza las acusaciones.
Luisa González, excandidata presidencial en dos ocasiones y una de las figuras más conocidas de la oposición ecuatoriana, fue detenida en su vivienda de Canuto, Manabí, el 22 de octubre. Al día siguiente, un juez ordenó su prisión preventiva mientras la Fiscalía investiga acusaciones de que dinero procedente de la comercialización ilegal de combustibles habría financiado su campaña presidencial de 2023.
La investigación, denominada caso Laberinto, se centra en aproximadamente 500.000 dólares que, según la Fiscalía, habrían circulado mediante empresas y pagos destinados a ocultar su verdadero propósito. Los investigadores sostienen que se realizaron transferencias a proveedores de campaña y que parte de los recursos se convirtió en efectivo para pagar a brigadistas y cubrir otros gastos electorales.
González ha rechazado categóricamente las acusaciones y califica su detención como persecución política y un ataque a las libertades democráticas. Su encarcelamiento ha intensificado las tensiones entre el gobierno del presidente Daniel Noboa y el movimiento opositor Revolución Ciudadana, vinculado al expresidente Rafael Correa.
El caso tiene especial importancia política porque González fue la rival de Noboa en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025. También ocurre a pocas semanas de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en un contexto de cuestionamientos de sectores opositores a decisiones que afectan su participación electoral.
Tras una extensa audiencia judicial el 23 de octubre, González fue trasladada desde Guayaquil hacia Riobamba, donde deberá permanecer mientras continúa la investigación. Otras dos personas procesadas también recibieron órdenes de prisión preventiva, mientras que una cuarta quedó sujeta a medidas que le permiten permanecer en libertad.
La Fiscalía dispone de 90 días para esta etapa de investigación. Todavía deberá establecer si los recursos tenían un origen ilícito, cómo fueron utilizados y qué responsabilidad corresponde, en su caso, a cada persona procesada. González no ha sido condenada y la prisión preventiva no constituye una declaración de culpabilidad.