El oro de Ecuador: ¿Quién obtiene la riqueza y quién paga el precio?

Una nueva fiebre del oro

En septiembre de 2025, decenas de miles de personas marcharon por Cuenca para oponerse a una propuesta de mina de oro cerca de las fuentes de agua de la ciudad. Tres semanas después, Ecuador revocó la licencia ambiental del proyecto. Sin embargo, en otras partes del país, la minería de oro estaba en auge.

La minería de oro no es nada nuevo en Ecuador. Las ciudades sureñas de Zaruma y Portovelo han dependido de ella durante generaciones, y la minería en pequeña escala continúa sustentando a familias y empresas. Lo que ha cambiado es la escala de la extracción moderna y el creciente interés internacional en los depósitos minerales del Ecuador.

En Zamora Chinchipe, la canadiense Lundin Gold opera Fruta del Norte, una de las minas de oro más grandes del país. En 2025, produjo 498.315 onzas troy (aproximadamente 15,5 toneladas) de oro. La compañía reportó ingresos anuales de alrededor de USD 1.780 millones. Fuente: Lundin Gold.

El oro suele estar incrustado en rocas en lugar de encontrarse en pepitas. En Fruta del Norte, los mineros perforan y explotan bajo tierra, sacan el mineral a la superficie, lo trituran y lo procesan para recuperar el metal. La mina manejó aproximadamente 1,83 millones de toneladas de mineral en 2025.

Otros yacimientos se explotan mediante minería a cielo abierto, que retira roca de la superficie en enormes excavaciones. Ambos métodos requieren maquinaria, gestión de residuos y controles de agua. Las minas subterráneas tienen excavaciones superficiales más pequeñas, pero ninguno de los métodos está libre de riesgos ambientales.

La otra fiebre del oro: medios de vida y ganancias criminales

En los distritos productores de oro de Zaruma, Portovelo y Camilo Ponce Enríquez, la minería no es simplemente un negocio de corporaciones multinacionales. Los pequeños operadores y las empresas familiares extraen oro de vetas subterráneas, a veces utilizando equipos relativamente modestos y vendiendo su mineral a plantas de procesamiento. La industria apoya a mineros, camioneros, mecánicos y empresas locales.

Ecuador reconoce tanto la minería artesanal como la minería de pequeña escala como actividades legales cuando están debidamente autorizadas. Los mineros artesanales pueden trabajar individualmente, en familia o en asociaciones bajo un sistema de permisos. La minería en pequeña escala opera bajo un régimen separado que permite mayores volúmenes de producción. Ambos están sujetos a requisitos medioambientales y controles oficiales.

Paralelamente a estas operaciones legítimas, la minería no autorizada se ha expandido a bosques y valles fluviales remotos. Algunos mineros trabajan sin permisos o fuera de áreas aprobadas, mientras que las organizaciones criminales han entrado cada vez más en la industria, controlando el territorio, exigiendo pagos y lucrando con la extracción y el comercio. La minería a pequeña escala no es sinónimo de minería ilegal y no todas las operaciones no autorizadas están controladas por una banda criminal.

A diferencia de la cocaína, el oro es un producto internacional legítimo. Una vez que el oro extraído ilegalmente pasa por los compradores y las instalaciones de procesamiento, puede resultar difícil establecer sus orígenes. Las investigaciones de la [Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional] (https://globalinitiative.net/analysis/illegal-mining-and-gold-supply-chains-in-ecuador/) han documentado cómo las redes criminales explotan las debilidades en la supervisión minera y comercial de Ecuador.

Las consecuencias medioambientales son visibles desde el espacio. El monitoreo satelital en Napo ha documentado la deforestación relacionada con la minería y la alteración de los sistemas fluviales. La excavación elimina vegetación, altera los cursos de agua y deja sedimentos y residuos de procesamiento que pueden afectar los ecosistemas circundantes.

Oro dentro de un parque nacional

En marzo de 2026, las autoridades ecuatorianas lanzaron una importante operación dentro del Parque Nacional Podocarpus, que se extiende por Loja y Zamora Chinchipe.

Informaron de la destrucción de 94 bocaminas ilegales, 129 campamentos y 56 máquinas trituradoras. La operación expuso una extensa red de trabajos subterráneos e instalaciones de procesamiento dentro de un área donde la minería está prohibida. Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía.

Los investigadores satelitales ya habían documentado los daños mineros a lo largo del río Loyola dentro del parque, incluidos los cambios en el curso del río.

La situación ilustra la creciente superposición entre los problemas ambientales y de seguridad del Ecuador. La minería ilegal puede dañar bosques y vías fluviales y al mismo tiempo proporcionar ingresos a redes criminales. Quitar maquinaria y cerrar túneles aborda operaciones inmediatas, pero un control duradero también requiere acciones contra quienes financian y compran oro extraído ilegalmente.

Dinero extranjero, recursos ecuatorianos

Las empresas canadienses se han vuelto prominentes en el sector del oro de Ecuador, mientras que los inversionistas chinos han asumido importantes compromisos con la minería, particularmente el cobre. El proyecto Mirador, controlado por China, también en Zamora Chinchipe, es principalmente una mina de cobre a cielo abierto, mientras que Río Blanco en Azuay, respaldado por China, se vio envuelto en disputas legales sobre consultas con las comunidades locales.

Ecuador es parte de una industria minera sudamericana mucho más grande. Perú es un importante productor de oro y cobre, mientras que Colombia ha luchado durante mucho tiempo contra la extracción ilegal de oro y sus vínculos con grupos armados. El sector industrial de Ecuador es comparativamente joven y el país enfrenta conflictos sobre la protección ambiental y la extracción ilegal que ya son familiares en otras partes de la región.

La inversión extranjera aporta capital, tecnología, empleo e ingresos por exportaciones. Las empresas mineras pagan impuestos y regalías, compran bienes y servicios y emplean a trabajadores ecuatorianos. La cuestión no resuelta es cómo se distribuyen esos beneficios, particularmente entre las comunidades más cercanas a las minas.

La batalla de Cuenca por el agua

El proyecto Loma Larga ilustra por qué la minería legal puede ser controvertida. La empresa canadiense DPM Metals propuso una mina de oro subterránea de 419 millones de dólares cerca de Quimsacocha, un ecosistema de humedal de gran altitud que ayuda a suministrar agua a Cuenca. La empresa sostuvo que la mina podía operar de forma segura, pero los opositores temían la contaminación y la interrupción del suministro de agua potable y riego.

Tras las protestas de septiembre de 2025, Ecuador revocó la licencia ambiental del proyecto en octubre, citando preocupaciones técnicas planteadas por las autoridades locales. La disputa puso de relieve una pregunta que enfrentan las comunidades mineras en todo Ecuador: ¿cuánto beneficio económico justifica el riesgo potencial para un suministro de agua esencial?

¿Quién se beneficia y quién paga?

Para Ecuador, los beneficios del oro son sustanciales: ingresos por exportaciones, empleo, inversión e ingresos gubernamentales. La minería sustenta los medios de vida desde los trabajadores industriales en Zamora Chinchipe hasta los pequeños operadores en El Oro.

Pero los costos pueden recaer en diferentes personas. Las comunidades cercanas a proyectos industriales pueden enfrentar preocupaciones sobre el uso del agua y la tierra. Los residentes cerca de operaciones ilegales pueden sufrir daños a ríos, deforestación e intimidación criminal. Y cuando el oro ingresa a los mercados internacionales a través de cadenas de suministro mal documentadas, las ganancias pueden viajar mucho más allá de las comunidades donde se extrajo.

La experiencia de Cuenca, la producción en Fruta del Norte y las minas ilegales dentro de Podocarpus revelan tres lados de una misma industria: recursos valiosos, intereses contrapuestos y decisiones difíciles sobre la protección ambiental.

Ecuador tiene oro debajo de sus montañas y bosques. La pregunta es cuánto de esa riqueza beneficiará al país y qué perderá Ecuador al extraerla.